Incongruente, que haya más derechos para inculpados que para víctimas: De la Torre

Morelia; Michoacán, 26 de mayo de 2016.- En Michoacán, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional planteó castigar hasta con 50 años de prisión a quien cometa delitos graves, propuesta que el Congreso del Estado aprobó por mayoría en la segunda lectura a la reforma del párrafo dos del artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Michoacán.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Rosa María de la Torre, comentó que en un contexto donde la impunidad es un lastre social, no pueden ni deben estar los derechos de una persona que acosa, violenta y asesina sobre los de la víctima, por ello la intención de dicha modificación.

Esta reforma constitucional, propuesta por la Comisión de Puntos Constitucionales, solamente pedía abrir el candado para que en el Estado de Michoacán se pudieran imponer penas de hasta 50 años, ya que, en su momento, corresponderá a la Comisión de Justicia determinar a qué tipos penales se les puede dar la calificación de delitos graves y la aplicación de las penas correspondientes a cada acto delictivo será trabajo del Poder Judicial, expuso.

De la Torre Torres mencionó que el artículo 22 de la Constitución establece que tratándose de delitos considerados graves, éstos no pueden pasar por el tamiz del nuevo sistema de justicia penal, y que la iniciativa presentada es una recomendación de organismos internacionales y del grupo interdisciplinario que estuvo trabajando en el estado de Michoacán.

La diputada priísta no dejó de reconocer que en la Constitución existe un principio Pro persona, que aplica para las dos partes en un conflicto jurídico, pero es función de cada juez en cada caso concreto, determinar a quien se aplica.

Finalmente, celebró que el Congreso del Estado de Michoacán aprobara con 24 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones aumentar de 40 hasta 50 años, la pena privativa de la libertad para quienes cometan delitos considerados graves, pues se antepone el derecho de las víctimas al de los victimarios, en un acto de justicia para los michoacanos.