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Derivado del encarecimiento de los productos de la canasta básica la autoridad responsable de la política social en los tres niveles de gobierno, debe establecer mecanismos de evaluación de los programas hasta la fecha están vigentes y su impacto en los sectores más afectados por estos aumentos, señaló el diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la LXXIII Legislatura, Raúl Prieto Gómez.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, señaló que el área de política social del gobierno estatal realiza acciones para el combate a la pobreza, no obstante, es necesario que la federación y municipios sumen esfuerzos para lograr disminuir los índices de marginación.
Raúl Prieto comentó que del 2008 a 2010 el valor de la línea de bienestar mínimo para el ámbito urbano en el caso de Michoacán, pasó de 953 a 978 pesos y para el ámbito rural de 669 a 684 pesos. Esto representó un incremento real del costo de la canasta básica alimentaria de 2.6 y 2.2 por ciento respectivamente, y los aumentos continúan durante este 2016.
El diputado refirió que la Ley de Desarrollo Social (LDS) vigente, establece la realización y publicación de la evaluación de la política de desarrollo social, la cual señala se debe revisar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y acciones de la política de desarrollo social, para modificarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Por lo que una valoración respecto de cómo han funcionado estos esquemas sería fundamental para generar indicadores, que contribuyan atacar de manera más efectiva el fenómeno de la pobreza y en consecuencia establecer mecanismos de atención que generen bienestar en la población.
El diputado recordó que una de las primeras tareas para combatir de forma eficaz la pobreza, por la administración estatal que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, fue la adhesión al Sistema Integral para la Alimentación de los Adultos Mayores de 78 municipios, en donde se ha destinado más de 190 millones de pesos para atender a este sector.
Pero dicha tarea comentó no debe ser sólo responsabilidad del gobierno estatal, sino también de municipios y federación para que de manera conjunta establecer una política de desarrollo que permita revertir los indicadores negativos que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se presentaron en Michoacán entre 2012 y 2014.
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