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Morelia, Michoacán a 2 de octubre de 2018.-
“Cuando llegamos al gobierno hace tres años nos encontramos con una deuda a corto plazo de 13 mil millones de pesos, esto significa que el primero de octubre que yo protesté como gobernador me encontré con la deuda institucionalizada contraída con los bancos, pero también este paquete de compromisos a pagar de manera inmediata que incluía (entre otros) nómina de los trabajadores, bonos de los maestros y hasta la deuda con los municipios que no recibieron las participaciones federales los meses de agosto y septiembre de 2015”, señaló Silvano Aureoles.
Durante un encuentro con diversos sectores de la sociedad, denominado Diálogo con Michoacán, el gobernador del estado responsabilizó a los gobiernos que lo precedieron del grave quebranto financiero que viven las finanzas públicas de la entidad, situación que afecta directamente a cientos de empresas a las que no se han podido pagar los adeudos contraídos en otras administraciones, “con muchas empresas se tienen adeudos desde hace muchos años, muchas de ellas pequeñas que literalmente están en quiebra; de forma irresponsable, antes que yo llegara como titular del ejecutivo, continuaron acumulando deudas hasta llegar a esta cifra”. Aclaró que durante estos tres años se han reducido los pasivos, “pagar 13 mil millones de pesos no es un asunto sencillo, lo hemos ido cubriendo poco a poco y a la fecha hemos pagado 5 mil 800 millones de pesos. No ha sido un reto menor, pero vamos avanzando”.
En este formato novedoso de acercamiento e intercambio de ideas con representantes de toda la sociedad michoacana, el mandatario sostuvo que existe responsabilidad legal de aquellos que malversaron o desviaron recursos públicos. Puso como ejemplo las participaciones a los municipios que Salvador Jara Guerrero no entregó los meses de agosto y septiembre de 2015, “esos recursos no los puede tocar el estado, las participaciones federales debieron llegar a los alcaldes”.
Recordó que en algunos periodos de gobierno se aplicó un esquema institucional para desviar recursos públicos conocido como la licuadora, que consiste en meter dinero en una gran bolsa de recursos etiquetados para programas específicos y usarlos para otros gastos. “A un gobernador de Michoacán, explicó, le dijo su secretario de finanzas que cuando el dinero del Seguro Popular llegaba al estado se convertía en dinero del estado y podría hacer lo que quisiera”. A los presuntos responsables de estos actos ilícitos advirtió, “no estén tan tranquilos, esto no está terminado, todavía están en marcha las denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República”.
Ante empresarios, deportistas, medios de comunicación, líderes religiosos y miembros de su gabinete, Silvano Aureoles calificó “como un crimen”, el desvió de recursos que ocurrió en el llamado Seguro Popular: “Es un crimen quitar el dinero de salud porque dejaron a miles de personas sin el servicio y sin medicamentos”.
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