El presente exhorto es un llamado para cumplir con los fines y ejes contemplados a nivel internacional y con la estrategia nacional.
Morelia, Michoacán, 02 de noviembre de 2019. El pleno del Congreso del Estado, aprobó como de urgente y obvia resolución la propuesta presentada por el diputado Hugo Anaya Ávila, para exhortar a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y Estatal, a fin de que se asignen recursos suficientes a los municipios del estado, para que puedan implementar él modelo nacional de policía y justicia cívica en la entidad.
El legislador local señaló que el presente exhorto es por ende, un llamado para cumplir con los fines y ejes contemplados a nivel internacional, con la estrategia nacional, pero también con el compromiso constitucional que todo gobierno tiene en cuanto a su obligación de salvaguardar y garantizar la seguridad y la tranquilidad hace la comunidad.
“El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica implica la construcción de un sistema de financiamiento adecuado y sostenible que permita policías profesionales, con estados de fuerza suficientes, un salario policial competitivo y equipamiento e infraestructura para desarrollar adecuadamente su función en cada municipio y entidad”, agregó.
En su exposición de motivos, Hugo Anaya manifestó que dicho exhorto se formuló en la inteligencia de que los objetivos del desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro de su eje de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, señala la necesidad de reforzar las capacidades económicas, operativas y administrativas de las corporaciones de seguridad en todos los niveles, para así avanzar de manera decidida en la conformación de instituciones sólidas que sean el catalizador natural de la Paz social y de un modelo de convivencia cívica que genere las condiciones para detonar el desarrollo de las comunidades.
“Para hacer frente al problema, en los últimos años se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordinación en materia de seguridad pública. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos”, finalizó.
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