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Comunicado 674/2022
Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2022.- “Es necesario señalar desde la normatividad local la violencia que viven las mujeres con cáncer y señalarla como una de las causas por las que acuden tardíamente a realizarse sus estudios médicos, colocándolas en un riesgo inminente de perder la vida. Realidad que debe de frenarse y sancionarse”, puntualizó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, al presentar un decreto para reforma la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en Michoacán.
La legisladora local señaló que esta propuesta surgió después de convivir con mujeres que padecen cáncer de mama y quienes le compartieron sus historias de vida; de las cuales muchas no fueron a revisión médica a tiempo por los usos y costumbres que cuestionaban que las mujeres fueran revisadas por hombres, o por la violencia misógina de sus parejas que les impedían que alguien más tocara sus cuerpos.
“De ahí la importancia de reflexionar por qué esta reforma sin lugar a dudas es sumamente importante considerando que sigue siendo el cáncer de mama una de las principales causas de muerte entre las mujeres”, comentó en tribuna.
Además compartió datos de un estudio que refiere que 8 de cada 10 mujeres detectadas con cáncer de mama dependen económicamente de su pareja y eso influye de manera drástica en la evolución de las pacientes en torno a las limitaciones en el acceso a medicamentos y atención.
“Estas formas de control sobre los cuerpos de las mujeres son una clara expresión de violencia que en el caso del cáncer coloca a las mujeres en un riesgo latente de muerte, ya que ellas no pueden acceder a diagnóstico temprano por impedimento de sus parejas o por condicionantes sociales y culturales que priorizan el cuidado de los demás frente al de ellas, lo que hace que cuando los síntomas son más evidentes, es demasiado tarde para atenderles o frenarlas”, apuntó Adriana Hernández.
El decreto presentado propone evitar que los diagnósticos de cáncer sean motivo de discriminación o violencia contra quienes lo padecen; que se difunda desde la perspectiva de género y libre de estereotipos, el derecho a la salud de las mujeres, fomentando la erradicación de prácticas culturales que lo impidan o retrasen, así como fortalecer desde la política pública de prevención la eliminación de prejuicios, y prácticas culturales que impidan el acceso de las mujeres al derecho a la salud; capacitar al personal del sector salud, para la detección de la violencia de Género, identificando las violencias que impiden a las mujeres su derecho al acceso a la salud.
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